La magistrada de la Corte Constitucional, Cristina Pardo, presentó hace más de dos meses una denuncia ante el despacho de la vicefiscal General de la Nación, María Paulina Riveros, con el objetivo de que se investiguen las presuntas filtraciones a medios de comunicación que se estarían realizando sobre información de carácter reservado de la Corte Constitucional, como las ponencias de las demandas y tutelas que estudia esa Corporación Judicial.

La denuncia se presentó luego de que se diera a conocer la posición de la Corte Constitucional frente a las objeciones que había presentado el entonces presidente de la República, Juan Manuel Santos, al proyecto de ley que reducía los aportes en salud para los pensionados.

En la denuncia, se pide determinar qué funcionarios y empleados de la Corte, estarían entregando información sin autorización, y se se cita el artículo 418 del código penal que tipifica la revelación de secreto:

“El servidor público que indebidamente dé a conocer documento o noticia que deba mantener en secreto o reserva. Incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público. Si de la conducta resultare perjuicio, la pena será de 16 a 54 meses de prisión, multa de 20 a 90 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 80 meses”.

Igualmente se conoció que este miércoles, ante la Sala Plena de la Corte Constitucional el presidente de esa corporación judicial, Alejandro Linares, entregó el borrador de una circular interna, en la cual se advierte que existen sanciones por filtraciones que se realicen a terceros, incluidos periodistas. El documento será revisado por los demás magistrados.