La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos a la exjefe del Área de Contratación del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Adriana Martínez Sánchez (2010-2015), y al exasesor de esa misma dependencia, Camilo Alfredo D’costa Rodríguez (2009-2015), por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato para la compra de equipos audiovisuales.

Según la investigación disciplinaria, los exfuncionarios aparentemente modificaron uno de los requisitos habilitantes del pliego de condiciones, lo que al parecer benefició a uno de los proponentes, en detrimento de los otros participantes.

El requisito presuntamente modificado, exigía a los licitantes presentar certificados otorgados por los fabricantes que garantizaran la existencia y suministro de repuestos para los equipos objeto del contrato.

Para el ente de control, con su conducta los investigados habrían desconocido los principios de transparencia, economía y selección objetiva del contratista, que exigen respetar las reglas impuestas en los pliegos de condiciones.

El Ministerio Público por estos hechos, calificó la presunta conducta de los exfuncionarios como «una falta con culpa gravísima».