El Consejo de Estado determinó en el fallo que decretó la pérdida de investidura del exsenador Plinio Olano Becerra que las actuaciones o gestiones del exparlamentario «fueron desarrolladas como miembro de la Comisión Sexta del Senado de la República y con el conocimiento pleno del manejo de la infraestructura del país y de las entidades que tienen la función contractual. El beneficio económico lo obtuvo utilizando su influencia y su investidura de congresista».

El alto tribunal tuvo en cuenta para ello varias pruebas testimoniales, entre ellas la del exviceministro de Transporte y posterior director del INCO, Gabriel García Morales, quien afirmó ante la Corte Suprema de Justicia, haber colaborado en el año 2009 con Luiz Bueno, presidente de Odebrecht Colombia, con el fin de lograr la adjudicación del sector II de la Ruta del Sol.

García Morales resaltó que Luiz Bueno le manifestó que Plinio Olano Becerra “hacía parte de su equipo” y que las críticas que recibió surgieron como medio de presión, porque se rumoraba que se iba a adjudicar la licitación del sector II al grupo de Nule.

Añadió la corporación judicial que Olano Becerra tuvo participación en los siguientes temas: «Las modificaciones al diseño del aeropuerto El Dorado y las responsabilidad por ese hecho; la falta de planificación de una obra de intersección en Duitama, que terminó por revelarse financieramente inviable; la ausencia de independencia y autonomía del equipo humano de calificadores de propuestas, los que formando parte de la planta del INVÍAS, habían sido trasladados al INCO, junto con los constructores; la financiación de la Ruta del Sol con el producto de la venta de acciones de Ecopetrol, recursos con los que no se contaba aún; y la irresponsabilidad de algunos funcionarios, dentro de los que se encontraba el entonces director del Inco, al no firmar los documentos que se remitían al Congreso a solicitud suya y que eran necesarios para el ejercicio del control político».

Agrega que en los debates de control político en los que participó el exsenador se dio la posibilidad de adicionar los contratos de concesión vial «no se relacionaba pues con el tema de la sesión, lo que denota la irracionabilidad de lo dicho, en el marco del debate, y, con ello, la falta de proporcionalidad en razón con la función de control político en las circunstancias concretas en las que se presentaron los hechos».

«La precitada intervención del senador Olano y, más específicamente, la exhortación a ejecutar obras mediante la ampliación de contratos viales de concesión iba dirigida expresamente al director de la ANI, Luis Fernando Andrade. Si a ello le añadimos que –como se expuso anteriormente– la sesión del 25 de septiembre de 2012 se produjo en el momento en el que la ANI analizaba la propuesta presentada por Odebrecht, para ejecutar la adición del tramo Ocaña-Gamarra en el marco del contrato de concesión de la Ruta del Sol II, esta Sala concluye que la intervención del senador Olano era idónea para conseguir los fines de la multinacional», agregó.

Indicó la corporación judicial que «se ha evidenciado los avatares que hubo de sortear Odebrecht, para honrar los compromisos adquiridos con sus gestores e intermediarios, y en especial con Plinio Olano, avatares que, según dan cuenta las pruebas, en este último caso, se resolvieron en forma desafortunada a sus intereses: no tuvo éxito, al parecer, la remuneración a través de este subcontrato; no tuvo éxito el intento, a través de la Gobernación de Boyacá; y, finalmente, se desconoce el resultado de intento de hacerlo a través del abogado Rojas Osuna».

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«Las pruebas permiten inferir sin duda que el exsenador Plinio Olano Becerra fue cooptado por los directivos de la multinacional Odebrecht, Luiz Bueno y Eleuberto Martorelli, conforme a su política de expansión y consolidación usada en cada país para conseguir contratos en condiciones favorables para la compañía, sin perjuicio del pago de los sobornos y estrategias diseñadas para ocultar su origen. Olano fue atraído por la empresa porque era una persona influyente en el medio político, pertenecía a la Comisión Sexta del Senado de la República competente para manejar los temas de infraestructura que eran de su interés, con influencia política y de presión sobre los organismos que operaban los temas contractuales, como eran el Ministerio de Transporte, el INCO y luego la ANI», añadió el Consejo de Estado.