La propuesta consiste en construir al menos 30 centros de reclusión nuevos de mediana seguridad para reducir el hacinamiento carcelario, para optimizar la seguridad de los reclusos y mejorar los procesos de resocialización.

‘’La seguridad privada está preparada para construir, administrar y dar seguridad en las cárceles y generar una resocialización efectiva’’, indicó el presidente de Confevip, Miguel Ángel Díaz.

La privatización de la seguridad carcelaria es un modelo que funciona en varios países de Latinoamérica.

‘’Si se lo pasamos al sector privado los costos se van a disminuir y el segundo efecto es la eficiencia en materia de resocialización’’, aseguró el analista de seguridad, Jairo Libreros.

Para la Superintendencia de Vigilancia privatizar la administración y la seguridad de las cárceles sugiere primero grandes reformas y un plan especial de capacitación.

‘’La industria de la vigilancia lo puede hacer pero hay que adecuar un sinnúmero de cosas para que si se llega a dar alguna vez la propuesta empresaria sea un plus y sea una actividad que sea un gana, gana’’, manifestó el superintendente de vigilancia, Fernando Martínez.

La propuesta de las empresas de vigilancia es una Alianza Público Privada (APP), en la que ellos participarían con el 30 % del total de la inversión.

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