La Corte Constitucional estudia por estos días una ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo que plantea la declaratoria de un estado de cosas inconstitucional, o una grave crisis, por la violación del derecho de los trabajadores agrarios a acceder a la propiedad de la tierra.

La ponencia advierte que el 37,4% de los hogares rurales tiene acceso a la tierra y el 59% de ellos presenta informalidad en la propiedad.

El debate surgió por una petición de la Agencia Nacional de Tierras para anular varias sentencias de jueces que adjudicaron terrenos baldíos, o de la nación, a través de procesos de pertenencia.

“A falta de un inventario, ninguna política agraria será exitosa. La Sala se ha pronunciado sobre la necesidad de contar con información fidedigna y actualizada de los bienes de la nación y alertó sobre las limitaciones del INCODER (hoy, ANT) para hacerlo realidad. Esta deficiencia administrativa, tal como se explicó en los capítulos precedentes, contribuye al fenómeno histórico -pero aún muy vigente- de la concentración de tierras, en tanto la falta de claridad y certeza sobre la naturaleza jurídica de los terrenos permite que sean adquiridos mediante declaración de pertenencia por no poder probar que tienen calidad de baldíos, o a través de actuaciones administrativas”, advierte el proyecto de fallo.

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La Corte plantea reiterar la orden de elaborar un inventario nacional de baldíos y un llamado al gobierno y al Congreso para que creen la Jurisdicción Agraria, como lo dispone el acuerdo de paz.

“La ausencia de un integral, consistente e interoperable sistema de información sobre propiedad rural, que responda a las necesidades de confiabilidad, calidad, actualización y precisión, incide en la violación masiva de los derechos de los trabajadores agrarios“, agrega el proyecto de fallo.

La ponencia también da pauta a los jueces para que, cuando no estén seguros sobre la naturaleza privada de un predio, remitan los asuntos a la Agencia Nacional de Tierras.

“Las políticas públicas implementadas hasta la fecha no han permitido a la población campesina formalizar adecuadamente su relación con la tierra, perpetuando de esa manera la inequidad a la que históricamente ha estado sometida. Y, aun cuando se trata de un problema amplia y reiteradamente diagnosticado, en buena medida causa de los conflictos armados que han desangrado al país, no ha sido posible una respuesta eficaz por parte de las autoridades responsables de la implementación de las mencionadas políticas”, advierte la ponencia.

En 2016 la Corte advirtió que, al no existir un registro confiable sobre los predios de la Nación, es “altamente probable que numerosas hectáreas de tierra estuvieran siendo apropiadas por sujetos no beneficiarios del sistema de reforma agraria”.