Ante la polémica que se ha generado por el paradero del exministro Andrés Felipe Arias, quien llegó a Colombia el pasado 12 de julio extraditado desde Estados Unidos, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) respondió al requerimiento sobre el lugar de reclusión del exministro de Agricultura.

El Inpec sostuvo que Arias, se encuentra “recluido en la Escuela de Caballería de Bogotá desde el 12 de julio de 2019″, en virtud del artículo 72 de la ley 65 de 1993”.

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Dicho artículo del Código Penitenciario y Carcelario establece que “en el caso de personas condenadas, la autoridad judicial la pondrá a disposición del director del Inpec, en el establecimiento más cercano, quien determinará el Centro de Reclusión en el cual deberá darse cumplimiento de la pena”.  

Para la autoridad carcelaria, según el fallo del Juez 2 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, el exministro continúa “privado de la libertad en el lugar que asignó el Inpec”.

Por último, la entidad recuerda que el artículo 29 de la Ley 65 determina que “cuando el hecho punible haya sido cometido por funcionarios que gocen de fuero legal o constitucional, la autoridad competente (…) podrá disponer la reclusión en lugares especiales, tanto para la detención preventiva como para la condena, en atención a la gravedad de la imputación, condiciones de seguridad, personalidad del individuo, sus antecedentes y conducta”.

El exministro detenido en Estados Unidos desde agosto de 2016, fue condenado en ausencia por la Corte Suprema de Justicia a 17 años de cárcel por el caso Agro Ingreso Seguro, que hacía referencia a unos préstamos a bajos interés que el Gobierno concedía a través de un organismo del Sistema Interamericano a pequeños agricultores para que compraran sistemas de regadío. Sin embargo, dichos créditos beneficiaron a grandes terratenientes cuando él era ministro durante el gobierno de Álvaro Uribe.

Arias llegó a EE. UU. en junio de 2014, unos pocos días antes de ser condenado en ausencia en su país a más de 17 años de cárcel y una multa de más de 15 millones de dólares, y poco después solicitó asilo político, pero en agosto de 2016 fue detenido en razón de una solicitud de extradición presentada por Colombia.