La Contraloría General de la República, determinó un presunto daño fiscal de $637 mil millones de pesos por la gestión antieconómica que ha presentado el proyecto de construcción de la Represa del Río Ranchería, en el departamento de La Guajira, al incumplirse buena parte de los objetivos y fines con que inició hace 13 años.

Este hallazgo fiscal equivale al valor de construcción de la Presa “El Cercado”, correspondiente a la Fase I del proyecto, que incluye también las líneas de conducción principal de los distritos de riego Ranchería y San Juan, (aún sin construir).

El ente de control evidenció que las obras contratadas fueron ejecutadas (con ostensibles retrasos y costos muy superiores a los previstos inicialmente), al mismo tiempo consideró que aún con la terminación de las mismas, no se logró el objetivo trazado inicialmente.

De acuerdo a la auditoría de cumplimiento al proyecto, la única función que a la fecha se cumple es regular el caudal del río Ranchería, pero no se han concretado los otros objetivos planteados con el documento CONPES 3362 del 14 de julio de 2005, que lo declaró de importancia estratégica para el país, como eran el suministro de agua potable a nueve municipios de La Guajira entre los que están: San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca, Barrancas, Hato Nuevo, Uribia, Manaure, Maicao y Albania; así como la construcción de los distritos de riesgo y la instalación de una microcentral hidroeléctrica.

La CGR manifestó su preocupación ante el hecho de que no se evidencian gestiones efectivas para la consecución de recursos que garantice la terminación del proyecto; situación que afecta no solo la política agropecuaria, sino la calidad de vida de la población beneficiaria.

El costo total ejecutado en la realización de los diseños detallados del Proyecto Ranchería, la construcción de la presa El Cercado y las conducciones principales a las áreas de Ranchería y San Juan del Cesar, incluida la interventoría, fue de $637.369.4 millones de pesos.

Dicho valor significa un aumento en $470.803 millones de pesos respecto al inicialmente establecido en los contratos de obra e interventoría. Asimismo, el plazo de ejecución fue reformado al pasar de 71 meses a 100 meses y 20 días para obra; y de 72 meses a 106 meses y 27 días para interventoría.

La Auditoría de Cumplimiento al Proyecto Represa Río Ranchería determinó también un hallazgo administrativo con posible incidencia disciplinaria, relacionado con las gestiones adelantadas para garantizar el cumplimiento del proyecto. No obstante, se observó que si bien se adelantaron algunas contrataciones por valor de $10.983,7 millones de pesos, tendientes a dar continuidad a la Fase II del proyecto, las mismas no fueron eficientes ni eficaces, para lograr los resultados esperados.

Otro presunto hallazgo con incidencia disciplinaria tiene que ver con los avances en la cobertura del acceso al agua potable de la comunidad wayuu.

Se identificó un hallazgo con incidencia disciplinaria, correspondiente a la falta de cumplimiento de las medidas cautelares ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), respecto de los niños y niñas Wayuu, dirigidas a encontrar soluciones a los problemas de desnutrición, mal estado de salud y falta de acceso al agua potable y salubre de esta población vulnerable.

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