En el marco de una investigación que adelanta la Contraloría General con la Dirección de Impuestos Nacionales (DIAN), se estableció que “la compra de kilo de pechuga de pollo por $40 mil pesos, dentro de la ejecución de Programa de Alimentación Escolar (PAE), en Cartagena, se dio a través de la empresa Comercializadora La Nueva Esperanza.

La Comercializadora, que en la Cámara de Comercio de la Heroica registra como actividad principal el comercio al por menor de artículos de ferretería, pintura y productos de vidrio, tampoco tiene reportes de declaraciones de IVA.

La empresa, presentó facturas con precios del mercado a la Fiducia y luego con varios precios exorbitantes a la Administración Distrital de Cartagena. Entre una factura y otra, la diferencia es exagerada: el kilo de pechuga pasó de $7.000 a $40.000, el kilo de Carne, de $11.000 a $25.000, el de carne molida pasó de $10.000 a $38.000, y de bofe de $9.000 a $15.000.

Para el suministro del Programa de Alimentación Escolar para el segundo semestre de 2016, se celebró el 5 de agosto del mismo año el contrato No. 52 con el Consorcio Proescolares, por valor de $15.831 millones, con recursos de regalías.

Y el 26 de diciembre, se aprobaron vigencias futuras por valor de $7 mil millones 886 mil pesos, para ampliar el servicio contratado en 28 días calendario, con el mismo contratista.

Para el ente de control, “era obligación de la Alcaldía verificar el gasto que realizaba el contratista para soportar los pagos que se realizaron”.

Varias Veedurías Ciudadanas de Cartagena alertaron en su momento sobre las irregularidades que presentaba el proceso licitatorio del cual salió favorecido el Consorcio Proescolares.

 

Otras investigaciones

Los procesos de responsabilidad fiscal por irregularidades en la ejecución del PAE en Córdoba, suman $1.424 millones: 4 en Sahagún, por $745 millones, 3 en Lorica, por casi $444 millones y 2 en Cerete, por $235 millones.

 

Cesar

Por irregularidades que ha detectado en este tema, el organismo de control ha abierto en este departamento 13 procesos de responsabilidad fiscal por una suma total de $8.518 millones, que involucran como presuntos responsables a más de una docena de funcionarios, exfuncionarios y contratistas, entre quienes están el gobernador del Cesar,  Francisco Fernando Ovalle Angarita, y el alcalde de Valledupar, Augusto Daniel Ramírez.

El gobernador está vinculado a un proceso donde se investiga un detrimento patrimonial de $2.451 millones y el alcalde a un proceso por más de $740 millones; y ambos casos se investiga a la Fundación Acción Social Integral –ACSI.

También son investigados el exgobernador Luis Alberto Monsalve Gnecco; el exalcalde de La Jagua de Ibirico, Didier Lobo Chinchilla; y el exalcalde de Codazzi, Efraín Quintero Mendoza (en 2 procesos).

Igualmente, el secretario de Educación del Cesar, Jorge Eliécer Araujo Gutiérrez (en 5 procesos), el secretario General  del departamento, Jaime Luis Fuentes Pumarejo (en 3 procesos); el secretario General de la Alcaldía de Valledupar, José Juan Lechuga Zambrano; el secretario de Educación de Valledupar, Luis Carlos Matute de la Rosa (en 2 procesos); y el exsecretario de Educación Municipal de La Jagua de Ibirico, Daniel Emilio Argote.

Además, el exsecretario de Educación de Codazzi, Raúl Casimiro Bermudez Castilla (en 2 procesos); el exjefe de Planeación del municipio de Gamarra, Álvaro Alberto Clavijo Ramírez; y el funcionario de la gobernación del Cesar Octavio Lafont Chica, en su calidad de supervisor de 3 contratos (y vinculado en igual número de procesos).

Contratistas investigados

Entre los contratistas están vinculados la  Fundación Kabala (en 2 procesos), la Asociación de Manipuladores del Cesar (en 4 procesos), la Fundación Gestión Empresarial de Servicios Sociales y Asistencia a la Comunicad –Sysdac, la Corporación Gestión del Recurso Social Humano –GERS y la Fundación Acción Social Integral –ACSI, antes Kabala (en 4 procesos).

También la Corporación Corazón País (en 2 procesos), la Fundación de Programas de Prevención Nutrición Provenir, la Fundación Proveer Nuevo Milenio y la Corporación Comunitaria para Apoyo Nutricional de Niños y Niñas.

Redacción Internet – CM&