El presidente de la JEP, magistrado Eduardo Cifuentes reiteró que este tribunal de paz investigará, juzgará y sancionará a los máximos responsables del reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado.

El magistrado Cifuentes intervino durante la recepción del Informe Institucional de Casos de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Reclutamiento Ilícito por parte de las Farc-EP, entregado por el ICBF a la JEP.

El funcionario destacó el informe y lo calificó de trascendental importancia, ya que va a permitir mayores elementos de juicio en el Macrocaso 07 sobre Reclutamiento de Niños y Niñas en el Conflicto Armado, que fue abierto por la JEP en marzo de 2019.

Al mismo tiempo recordó que los derechos de los niños pese a que prevalecen sobre los derechos de los demás, eso no pasó para miles de niños y niñas para los cuales el conflicto armado destruyó sus vidas y violó masivamente sus derechos humanos.

“Los actores armados, en efecto, al reclutarlos y utilizarlos incurrieron sistemáticamente en las más graves vulneraciones de Derechos Humanos tanto desde el punto de vista del derecho interno como del DIH, el derecho penal internacional y el derecho internacional de los derechos humanos”.

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Según el magistrado, las niñas y los niños fueron “las principales víctimas del conflicto armado, al ser incorporados directamente en la confrontación armada, pero también al ser usados como mensajeros, centinelas, cocineros y hasta compañeros sexuales”.

El presidente de la JEP recordó que en el Caso 07 se investigan alrededor de 8.000 hechos victimizantes relacionados con el reclutamiento y la utilización de niñas y niños en el conflicto armado, aunque esta es una cifra provisional.

Dijo además que ellos fueron víctimas de una masiva violación a sus derechos fundamentales, pues les fueron vulnerados sus derechos a la vida, a la libertad, a la educación, a la salud, a estar vinculados a una familia y al libre desarrollo de la personalidad.

En el caso de los niños indígenas, afrodescendientes, negros, Rrom y raizales, destacó, no solo fueron vinculados al conflicto armado, sino que fueron desarraigados de sus comunidades originales.

El magistrado Eduardo Cifuentes se comprometió a que la JEP va a trabajar no solo para encontrar y sancionar a los máximos responsables de estos hechos, sino también a que estos hechos no se repitan y a obtener una reparación integral para las víctimas.

Finalmente el presidente de la JEP mencionó que de los 4.219 casos que investiga la Fiscalía General solamente han sido dictadas 10 condenas.