El procurador Alejandro Ordóñez presentó una demanda ante el Consejo de Estado con la que busca anular dos puntos del acuerdo político al que llegaron las delegaciones de paz del Gobierno y la guerrilla en La Habana, en donde buscan blindar jurídicamente los acuerdos de paz otorgándole el carácter de acuerdo especial.

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El acto político que Ordóñez busca que el Alto Tribunal tumbe es publicado por las delegaciones de paz anunciado el 12 mayo pasado el cual busca «brindar seguridad y estabilidad jurídica al Acuerdo Final; para asegurar su introducción al ordenamiento jurídico colombiano y para dar garantías de cumplimiento de dicho Acuerdo Final, tanto conforme al derecho interno colombiano como conforme al derecho internacional”.

El Jefe del Ministerio Público argumentó que cualquier acuerdo que se firme antes de ser refrendado es contrario a la Constitución y las normas internacionales porque confiere efectos jurídicos al acuerdo de paz.

En «Colombia todo acto gubernamental, inclusive los de naturaleza política, puede ser controlado por los jueces, ya que esto materializa una garantía especial del sometimiento de todos los poderes públicos a la Ley, sometimiento que cobija incluso al presidente y a los delegados del presidente en la mesa de conversaciones de paz», señaló Ordóñez.

Cabe recordar que el exfiscal Eduardo Montealegre, el último día de su gestión, propuso que los acuerdos de paz tengan carácter Constitucional y de acuerdo internacional, para que no sea un acto político o administrativo que un próximo gobierno pudiera reversar.