En un concepto enviado a la Corte Constitucional, la procuradora general, Margarita Cabello, respaldó una demanda que pide excluir a la población afrodescendiente, raizal, palenquera o ROM del país de la prestación del servicio militar obligatorio.

El pronunciamiento guarda relación con una demanda de un grupo de abogados que advierte que en la Ley 1861 de 2017, que reglamenta el reclutamiento militar y el control de reservas, se incurrió en una omisión al establecer que sólo las comunidades indígenas podían quedar exoneradas de la prestación del servicio y del pago de la cuota de compensación militar.

 

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En criterio de los demandantes, dicha exclusión “sin fundamento constitucional” vulnera los derechos de todos los grupos étnicos del país que deben “gozar de igual reconocimiento y protección”.

“Con el fin de asegurar la supremacía e integridad de la Constitución que se encuentra amenazada por la omisión legislativa constada, se solicitará declarar la exequibilidad de la expresión ‘indígenas’ contenida en las normas demandadas, bajo el entendido que incluye a los individuos que acrediten su integridad cultural, social y económica en relación con comunidades afrocolombianas, raizales, palenqueras o ROM, mediante certificación expedida por el Ministerio del Interior”, dice el concepto de la procuradora.