En un concepto de más de cien páginas, la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello le pidió a la Corte Constitucional que confirme el proyecto que reformó el Código Electoral.

De los más de 200 artículos, Cabello ha pedido tumbar tres disposiciones. La primera está relacionada con la ‘cuota de género‘ que establece que las listas en las que se pretenda elegir cinco o más curules tengan un 50 % de mujeres y las listas de menos de cinco curules, como ocurre en las circunscripciones indígenas, afro, en la de los colombianos en el exterior y en por lo menos, 19 departamentos, tengan un 30% de mujeres.

 

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Cabello pide que el porcentaje de presencia femenina sea del 50 % sin distingo del número de curules a proveer.

“La disminución de la cuota de género en un porcentaje de 50 a 30 % cuando se vayan a elegir menos de cinco curules, relativiza la igualdad en la participación política a un factor numérico, que no encuentra una justificación plausible en el contexto de discriminación histórico que ha padecido la mujer“, advierte el concepto.

 

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La segunda petición de Cabello guarda relación con que el Consejo Nacional Electoral no pueda revocar las inscripciones de los candidatos elegidos popularmente cuando tengan sanciones administrativas o disciplinarias.

Según la procuradora, la Corte Constitucional “ha aludido a la posibilidad de suspender los derechos políticos, mediante sentencia judicial, fallo disciplinario o de responsabilidad fiscal” y por tanto debe corregirse ese artículo.

 

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La tercera petición de Cabello, guarda relación con las faltas absolutas para gobernadores y alcaldes. Pide que se incluya que las condenas por delitos políticos o culposos constituyan una causal de falta absoluta o inhabilidad.

“Si bien es cierto la comisión de delitos políticos o culposos en el pasado no puede impedir el ejercicio de determinadas funciones como servidor público, esto es, devenir en una inhabilidad, esta sí se configura en tratándose de condenas que puedan afectar el interés público, la excelencia, la idoneidad y la certidumbre de antecedentes intachables para ejercer el cargo público”.

 

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Cabello también le pide a la Corte que emita un pronunciamiento con celeridad. “Ante la proximidad de las elecciones parlamentarias y presidenciales del año 2022, es imperioso un pronunciamiento oportuno sobre el cuerpo normativo a efectos de evitar inseguridad jurídica en el desarrollo de las mismas”, establece el concepto.