La Procuraduría General y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) trabajan en la construcción de medidas necesarias, para que la sentencia de la Corte IDH en el caso de senador Gustavo Petro contra el Estado no le abra las puertas a los corruptos.

En las últimas horas el procurador Fernando Carrillo Flórez, el director de la Agencia Camilo Gómez Alzate, la viceprocuradora Adriana Herrera Beltrán, y el delegado para la Conciliación Administrativa, Iván Darío Gómez Lee se reunieron para definir una hoja de ruta que le cierre la puerta a los corruptos y a la impunidad.

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Las entidades iniciaron el análisis de los efectos que tendría la decisión de la Corte IDH sobre los procesos disciplinarios contra funcionarios de elección popular comprometidos con la desviación de recursos públicos, afectación a los derechos fundamentales y obstrucción a la justicia.

Entre las estrategias que se exploran están la revisión de los instrumentos jurídicos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el control de convencionalidad frente a otros tratados suscritos por Colombia.

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Para el ente de control y la ANDJE uno de los temas fundamentales que será analizado tiene que ver con los mecanismos que le den prevalencia a los principios del derecho internacional que la Corte Constitucional ha determinado como vinculantes en Colombia para los tratados internacionales, entre otros, el principio de subsidiariedad del Derecho Internacional de los DD. HH.

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Analistas internacionales consideran que la Corte IDH exige una serie de reformas a las facultades de la Procuraduría, haciendo caso omiso de la tradición constitucional y de la jurisprudencia colombianas.