Al no encontrar mérito para continuar con la acción disciplinaria, la Procuraduría archivó el proceso que se adelantaba contra el entonces comandante del Ejército, general Nicacio Martínez Espinel, por presuntas irregularidades en las directrices dadas a los militares para mejorar los resultados en las operaciones.

Durante la indagación preliminar los citados a declarar informaron que el excomandante del Ejército exigió respeto por el Derecho Internacional Humanitario, los Derechos Humanos y la doctrina militar.

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Según la Sala Disciplinaria, se evidenció que en ninguna de las certificaciones allegadas al proceso se puede advertir que a los generales del Ejército Nacional se les haya presionado o exigido cumplir unas metas mínimas de bajas, capturas o desmovilizaciones.