El Procurador General, Fernando Carrillo, entregó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el informe ‘Aportes desde la investigación disciplinaria a la justicia y la verdad en contextos de transición’ acerca de 593 procesos disciplinarios concluidos, relacionados con el conflicto armado interno, que corresponden al período 1990- 2005.

El ministerio público identificó 728 implicados, entre quienes figuran miembros de las Fuerzas Militares, principalmente del Ejército Nacional y la Policía Nacional.

De las instituciones del Estado vinculadas en los procesos disciplinarios, también se encontraron 53 personas del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), cuatro de una alcaldía municipal, nueve del Congreso, dos de ministerios, cinco de gobernaciones, y cuatro más adscritas a registradurías, inspecciones, personerías y a la Presidencia.

De las 3.573 víctimas individuales, 3.116 corresponden a hombres, 387 a mujeres y 70 de quienes no se obtuvo esta variable, con edades que en su mayoría oscilaban entre 21 y los 25 años al momento de la ocurrencia de los hechos.

A partir de la información registrada en los expedientes se estableció que entre las víctimas había 108 personas identificadas como indígenas, 14 como negras/afrocolombianas, y una perteneciente al pueblo ROM.

En el análisis efectuado se encontró que en su mayoría las víctimas eran personas integrantes de partidos políticos y campesinos, y se identificaron como las conductas más investigadas en los procesos disciplinarios la amenaza y tortura, el homicidio, la masacre y la desaparición forzada.