El jefe de la Procuraduría, Fernando Carrillo, en una carta al Presidente Iván Duque pidió que el financiamiento de hasta $370 millones de dólares por 18 meses que anunció del Gobierno para poner en marcha un plan de salvamento de la aerolínea panameña Avianca, se adelante con toda la transparencia y de cara al país, y que el ejecutivo explique a los ciudadanos las acciones que piensan desplegar para evitar los riesgos que trae una inversión de “la magnitud de los dineros públicos que está utilizando”.

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En la misiva el procurador planteo 18 interrogantes dirigidos a explicarle a la opinión pública cómo esta empresa panameña, con operaciones a lo largo del continente americano y deudas del orden de los $5.000 millones de dólares o más, que son anteriores a la pandemia por el coronavirus, podría salvarse con un financiamiento como el que plantea el Gobierno.

Precisó además que aunque Avianca es la compañía de mayor cobertura y la más antigua en Colombia, no es la única aerolínea que presta el servicio de transporte público nacional en el país.

Algunos de los interrogantes que plantea la Procuraduría son:

  • ¿Fueron consideradas otras alternativas con cálculos y proyecciones?
  • ¿Cuenta el Gobierno Nacional con un soporte idóneo para la decisión que anunció? Si ello es así ¿Por qué no ha sido conocido dicho soporte técnico y financiero por el país?
  • ¿El Gobierno Nacional cómo asegurará que este objetivo de interés nacional se cumpla?
  • ¿Cómo garantizará que los dineros se destinen a estos fines, y que esos recursos se puedan recuperar?
  • ¿Cómo determinó el monto del rescate y cuáles fueron los cálculos y proyecciones en qué se basó?
  • ¿Estimó su término de duración?
  • ¿A qué entendimiento llegó con los acreedores mayoritarios al comprometer estos sustanciales recursos públicos?
  • ¿Ofrecerán los accionistas o los acreedores alguna garantía por los dineros que el Estado colombiano va a aportar a Avianca?
  • ¿Asumieron los accionistas o los acreedores algún compromiso correlativo al del Gobierno Nacional?
  • ¿Se asumieron compromisos adicionales, en particular en cuanto a la permanencia de la actual administración, la llegada de una nueva, o el regreso de anteriores administradores, cuya situación legal debería aclararse antes de permitírseles reasumir el control de una empresa parcialmente financiada con dinero del Estado?
  • ¿Cómo serán los desembolsos y cuál será la ley aplicable a los mismos -nacional o extrajera-? ¿Qué incidencia fiscal tendrán?
  • ¿Cuál será el mecanismo de acompañamiento que establecerá el Gobierno Nacional a esta operación para que los recursos se destinen a lo que debe ser?
  • ¿Va a haber créditos similares para otras aerolíneas en momentos en que se debe mantener la competencia en sectores estratégicos?
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Carrillo Flórez advirtió sobre la necesidad que el país conozca cómo se protege la Nación contra el riesgo de terminar convertida en accionista minoritaria de Avianca.

“En realidad, cuando el Estado colombiano interviene para salvar a una empresa, debe reiterarse que lo hace para proteger intereses superiores distintos de los de esa respectiva empresa o empresario; por ejemplo, cuando rescata bancos pretende proteger a los ahorradores y al mercado financiero, y siempre requiere tener control del eventual desembolso de recursos, de su destinación y de las consecuencias de no ser éstos reembolsados. Aquí todo lo anterior se ignora. Como se ignora qué consideración ha recibido del Gobierno la presencia de otras empresas en ese mercado”, afirmó el procurador.

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