Durante la presentación del tercer informe de seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz, suscrito entre el Gobierno y las Farc, la procuradora, Margarita Cabello, advirtió de una preocupación por el incremento en el riesgo para los líderes sociales y los defensores de Derechos Humanos en el país.

El agravamiento de la seguridad en Colombia sigue siendo “uno de los mayores retos y obstáculos” para la implementación del Acuerdo, por la “ocurrencia recurrente de eventos de desplazamiento forzado masivo, confinamiento y otras violaciones a los derechos humanos”.

 

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La Procuraduría cita cifras de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que desde 2016 ha reportado 500 homicidios de líderes sociales, de ellos 438 hombres, 55 mujeres y 7 LGBTI. Entre enero y junio de este año se han reportado 118 homicidios.

“Se advierte, con preocupación, los homicidios de las personas en proceso de reincorporación, los cuales, desde la firma del acuerdo de paz a la fecha, ascienden a 278 (270 hombres y 8 mujeres), según el informe trimestral con corte a junio de 2021 de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas”, dice el informe presentado al presidente Iván Duque.

Este año también han ocurrido 17 masacres, con 81 víctimas, según información del Ministerio de Defensa. “Esto indica una variación de 108 % en relación con los 39 casos registrados en el mismo periodo para el año 2020”, dice el informe.

 

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Y también citan 97 eventos de desplazamiento forzado masivo, registrados por la Defensoría del Pueblo, que afectan a cerca de 41.999 personas. “Esto representa un incremento de 111 % en relación con los 46 eventos registrados en el mismo periodo de 2020”, puntualiza el informe.

Advirtió Cabello que es necesario implementar medidas enfocadas en la protección, en especial en las políticas para desmantelar las estructuras criminales. “Es imperante mejorar la seguridad de los territorios”, dijo.

“Sigue siendo preocupante la persistencia de afectaciones para la población civil por el uso indiscriminado de artefactos explosivos y minas antipersonales, de enero a julio de 2021 se han registrado 84 víctimas, de las cuales, 53 fueron civiles y 31 miembros de la Fuerza Pública, en particular, el incremento de víctimas de pueblos étnicos (15 a pueblos indígenas y 6 a comunidades afrocolombianas)”, agrega el informe.