La Procuraduría General abrió una investigación disciplinaria contra tres funcionarios de la cárcel La Modelo de Bogotá, donde murieron 24 presos amotinados y 90 personas más resultaron heridas en marzo pasado cuando supuestamente protestaban para exigir protección contra la COVID-19.

Los investigados son el director de La Modelo, Carlos Augusto Hincapié Franco; el director encargado, mayor Jorge Gama Doza, y la comandante de Custodia y Vigilancia, teniente Elizabeth Vergara Vergara.

‘’El ente de control investiga la presunta responsabilidad disciplinaria de los directores y la comandante de vigilancia durante los enfrentamientos entre personal de guardia del Inpec, y personas privadas de la libertad’’, indicó la Procuraduría.

Publicidad

El pasado 24 de noviembre, Human Rights Watch (HRW) publicó un informe en el que señala que las muertes de los presos amotinados fueron «intencionales».

El documento, elaborado por expertos del Independent Forensic Expert Group (IFEG) y el International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT) a petición de HRW, señala que «la mayoría de las heridas de bala descritas en los informes de necropsia son consistentes con que hayan sido infligidas con intención de matar».

Igualmente menciona que ‘’los informes de autopsia no registran ningún indicio de heridas de bala que hayan sido efectuadas únicamente con el fin de herir a las personas, en vez de matarlas’’.

El ente de control señaló que ‘’investiga las órdenes impartidas para dar aplicación al Plan de Contingencia y Emergencia que el director general del INPEC socializó el 19 de marzo, y cuyo primer punto hace referencia a las contingencias por amotinamiento de personas privadas de la libertad’’.

Todo esto «con la finalidad de verificar si su responsabilidad pudo estar comprometida en los hechos acaecidos el 21 de marzo de 2020″ en la cárcel La Modelo.

‘’El Ministerio Público busca determinar si las presuntas actuaciones constituyen faltas disciplinarias y esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometieron, y el posible perjuicio causado a la administración pública’’, agregó la entidad.