La Procuraduría General de la Nación exhortó al Gobierno a adoptar medidas de emergencia para que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES – cubra la deuda que tiene con 240 hospitales públicos del país, por más de $179.684 millones, recursos imprescindibles para la contingencia de coronavirus.

Para el Ministerio Público resulta preocupante que la ADRES no haya diseñado a corto plazo, una estrategia que de respuesta integral a las reclamaciones que desde 2018 han radicado las Empresas Sociales del Estado.

En una acción preventiva al proceso de reclamaciones administrado por la ADRES, el Ministerio Público confirmó que se mantiene el incumplimiento en la auditoría por atención de accidentes de tránsito ocasionados por vehículos no asegurados o no identificados, acciones terroristas y catástrofes naturales.

Por esos conceptos, desde el 1 de mayo de 2018 al 29 de febrero de 2020, la ADRES adeuda a 240 ESE un total de $179.684.651.993.

En ese mismo periodo, por el mecanismo de giro previo apenas 45 hospitales públicos recibieron pagos por un valor cercano a los 4 mil millones de pesos. En los otros casos, según la administradora, habría dificultades con los soportes de cuentas, lo que reflejaría debilidades en la gestión de cartera.

La ADRES también adeuda a IPS privadas y personas naturales cerca de 850 mil millones pesos.

Para la Procuraduría, la declaratoria de emergencia sanitaria, encaminada a acciones de contención del COVID-19, hace que estos recursos resulten invaluables para adquirir insumos, equipos médicos y realizar mejoras a la infraestructura hospitalaria, que permita hacer frente al incremento en la demanda de servicios que se pudiera presentar, especialmente de unidades de cuidados intermedios e intensivos.