El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, anunció la apertura de 10 procesos disciplinarios contra funcionarios de 8 departamentos, por presuntas irregularidades en la suscripción de contratos relacionados con la emergencia por el COVID-19.

“Es inaudito y esto es una infamia, que además de que estamos escasos de recursos, los pocos que tenemos los están utilizando para convertirlos en boletín de la corrupción”, dijo el contralor.

Estos son los procesos:

En el departamento de Meta se investiga la contratación de los municipios de Acacias por $1.125 millones y Puerto Gaitán, por $1.000 millones.

En Atlántico el contrato con Trading Group International S.A.S., por $19.319.479.750, departamento donde también se investiga las compras de mercados en los municipios de Soledad, $2.100 millones, y Malambo por $4.000 millones.

“En Cesar se investigan presuntos sobrecostos de más del 50% en un contrato de $13.000 millones para la compra de 100 mil mercados, que comprado por un veedor ciudadano en grandes superficies habría costado 50% menos de lo que le están cobrando a la gobernación”.

En Arauca también se investiga el valor pagado por productos de la canasta familiar, como atún a $19 mil pesos o bolsas de leche a $13 mil, en un contrato por $4.463.739.189 con Multiservicios Mael S.A.S. ZOMAC.

En Cúcuta, el contrato de edición de una obra digital, por $58 millones de pesos, con la historia del Hospital Erasmo Meoz, “cuando lo que se requiere  son los recursos de la salud para ver de qué manera podemos enfrentar  esta pandemia”.

En Cundinamarca se abrieron procesos por las denuncias ciudadanas sobre presuntos sobrecostos en la compra de mercados por parte de las administraciones de  La Palma  y Guaduas.

En San Andrés figura un contrato por $500 millones con la firma Noel Foto S.A.S., para “la prestación de servicios publicitarios de diagramación, diseño e impresión, grabación y rotación de piezas publicitarias para el desarrollo de la campaña de prevención y mitigación de efectos del virus covid-19, en el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria en el país”.

También señaló que “robarse los recursos de los pobres es un delito”, así como “los señores diputados y concejales no tienen nada que hacer en la entrega de estas ayudas”.

La Procuraduría, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación pusieron el programa ´Transparencia por la emergencia´ para vigilar con herramientas analíticas la ejecución de contratos por la emergencia del COVID-19.