Un revolcón en el sistema penal del país plantearía el Proyecto de Ley para acoger bandas criminales.

En el borrador elaborado por el comisionado de Paz, Danilo Rueda, el abogado Mauricio Pava, exfiscal Jorge Perdomo y asesores del Congreso de la República, se plantea el marco jurídico para el sometimiento, que se tramitaría en la justicia ordinaria, es decir bajo los parámetros de la Fiscalía y los jueces del país.

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La iniciativa, que arrancará su trámite en el Congreso de la República, plantea que habrá una reducción en la condena máxima en Colombia, que actualmente es de 60 años de cárcel, y pasaría a 50 años, cuando hay varios delitos; y 40 años cuando es solo un delito.

La disminución del tiempo máximo de cárcel facilitaría la negociación con los grupos armados, dado que además, en caso de acogerse, tendrían derecho a un descuento del 60 % de la condena, y podrían conservar un 10 % del valor de los bienes que entreguen.

Es decir, una condena máxima podría ser de 50 años y en caso de cumplir los requisitos se vería reducida hasta los 20 años, para los máximos responsables.

En el proyecto se crea una figura llamada prisiones comunitarias, que según describe el proyecto serían lugares donde se realizarán actividades comunitarias para garantizar la reparación y que facilitará su proceso de reinserción social. Y estarían ubicadas cerca al lugar de arraigo de los detenidos.

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Pero lo más novedoso, que contempla, es la Ejecución especial de la pena, que sería una figura con la que personas condenadas a menos de 4 años de cárcel, podrían hacer trabajo restaurativo en: Ranchos, biblioteca, polideportivos, huertas comunitarias, centros educativos y de salud.

En el caso de los máximos capos, que son catalogados como implicados en delitos “atroces” irían a cárceles comunes, al tener condenas de 50 años, reducidas hasta los 20 años; sin embargo, tendrían los siguientes beneficios:

  • Cuando cumplan ¼ de la condena podrán pedir permisos por 72 horas para hacer trabajo restaurativo y descontar tiempo en la cárcel. Y, cuando cumplan la mitad de la condena podrán solicitar Prisión Comunitaria.

Así sería el sometimiento

El proceso de sometimiento arrancaría cuando el grupo armado presente una carta de voluntad, la cual es examinada por el Gobierno y la Fiscalía.

Tras la aprobación, el grupo se traslada a una figura denominada como Zonas de ubicación temporal, a la espera de su judicialización.

Posteriormente, la Fiscalía presenta una imputación grupal. Allí llega el momento clave, pues los integrantes de las organizaciones tiene que aceptar cargos, se comprometen a declarar, a colaborar con la justicia, y a entregar una lista detallada con la totalidad de sus bienes.

Cuando se compruebe que los procesados cumplen los requisitos, el juez emite la sentencia, con los beneficios y rebajas de la nueva ley.