El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) rechazó tajantemente a través de un comunicado que emitió este viernes el atropello de la Fiscalía General de la Nación a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), llevado a cabo el día de ayer.

De acuerdo a una comunicación emitida por la misma JEP, la Fiscalía procedió a realizar un allanamiento arrogándose irregularmente capacidad para realizar una inspección judicial sobre el caso 001 que adelanta la jurisdicción, procedimiento ilegal que se llevó a cabo este jueves de forma compulsiva, sin respetar la independencia judicial de la JEP por norma constitucional, y que tuvo como resultado la confiscación de una copia del expediente del proceso.

Adicionalmente se procedió a notificar a la presidenta de la Sala de Reconocimiento, Patricia Linares, que tramita el caso, una citación para declarar ante la Fiscalía General de la Nación sobre las actuaciones de dicha Sala en este caso.

El movimiento guerrillero ahora partido político, manifestó que: »fue una diligencia arbitraria, intempestiva e ilegal, es necesario ser enfáticos en la independencia judicial inherente a la JEP y el rango constitucional que tiene la misma. Dicha actuación mina la confianza de quienes comparecieron de forma voluntaria a la Jurisdicción Especial de Paz y pone en entredicho las garantías jurídicas que quedaron consignadas en el Acuerdo Final. Vale la pena recordar que la Fiscalía tiene como única función trasladar a la JEP los procesos e investigaciones que se enmarquen en el conflicto armado».

Al mismo tiempo mencionó que como partido político entiende al Sistema Integral de Verdad, Justicia Reparación y no Repetición y a su órgano judicial, la JEP, como pilares fundamentales del acuerdo; fórmula de justicia para la paz pactada entre el Estado colombiano y la exguerrilla de las Farc que debe ser respetado por el bien de la paz, de la paz de Colombia.

»Con esta esta última actuación de la Fiscalía se han excedido los límites de lo aceptable desde el punto de vista constitucional y político. El actuar de esta institución del Estado viene precedida de constantes injerencias, acosos y coacciones al Sistema Integral de Verdad Justicia, Reparación y No repetición (SIVJRNR) establecido en el Acuerdo de Paz, así como a los servidores públicos que forman parte de este sistema’, agrega el comunicado.

Cabe recordar la apertura de un procedimiento penal contra la alta funcionaria de la JEP, Marta Lucia Zamora y dos contratistas, que según la FARC han criminalizado su principal trabajo de poner en marcha el Sistema Autónomo de Asistencia y Defensa (SAAD) cuya creación ha sido establecida por distintas leyes acordadas en el proceso de implementación y convertido en norma constitucional.

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Según otro aparte de la comunicación, »el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, ha intervenido sistemáticamente en el proceso de implementación legislativa del Acuerdo de Paz para dejar sin efecto lo acordado. Como ejemplo, a fecha de hoy tiene bloqueada la aprobación del proyecto de ley de tratamientos penales alternativos a pequeños cultivadores, imprescindible para garantizar el éxito de los programas de sustitución voluntaria de cultivos susceptibles de uso ilícito».

Finalmente la FARC le exige al ente acusador respete la Constitución Política de Colombia, que cese de inmediato los actos temerarios e inconstitucionales y se abstenga de continuar torpedeando las funciones jurisdiccionales en cabeza de la JEP y de agredir al SIVJRNR.

»Asimismo les solicitamos a los organismos internacionales pronunciarse sobre el atropello al que viene sometiendo el fiscal general a la Jurisdicción Especial de Paz. Instamos de igual manera a la sociedad colombiana a rechazar de forma enfática estas intromisiones y a exigirles a todos los organismos del Estado que respeten el Acuerdo Final de Paz. Por nuestra parte, presentaremos esta situación ante el Consejo de Seguridad de las Naciones en los próximos días, y solicitaremos la intervención de los organismos de Derechos Humanos, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos», finaliza la misiva.

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