El vocero del organismo Pablo Bustos señala que los desacatos de órdenes judiciales de la Superintendencia de Salud favorecen un presunto cartel de venta de pacientes.

De acuerdo con la denuncia de la Red de Veedurías la superintendente delegada para la Supervisión Institucional, Eva Carrascal confesó a la justicia que recibieron importantes sumas de dinero para favorecer el traslado de pacientes a cambio de millonarias compensaciones económicas.

 

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La situación afectó a cerca de cinco EPS entre ellas la Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó EPS (AMBUQ) con medidas que afectan la población afro.

La Red de Veedurías de Colombia advierte que las medidas arbitrarias pesan sobre más de 760 mil pacientes quienes representan multimillonarios recursos que mensualmente suman valores cercanos al del anticipo que MinTIC le dio a Centros Poblados, por cerca de 70 mil millones de pesos.

 

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Los graves hechos afectan a más de 760 mil usuarios cuyos recursos de salud terminaron en las arcas de distintas EPS mencionadas en el proceso que cursa en la Fiscalía General de la Nación, en donde ya hay una condena que pesa sobre Eva Carracascal.

“Las denuncias radicadas ante la Fiscalía General contemplan los presuntos y reiterados punibles en concurso de prevaricato por acción y fraude procesal, entre otros y quejas ante la Procuraduría General contra el superintendente Nacional del Salud, Fabio Aristizábal”, puntualizó.