Pasaron siete años desde que la Fiscalía General de la Nación le imputó los cargos de peculado por apropiación y contrato sin el lleno de los requisitos legales a la excontralora general, Sandra Morelli, por haber causado un presunto detrimento patrimonial de 12.292 millones de pesos.

Le reprochan haber suscrito dos contratos de arrendamiento para una sede temporal de la Contraloría en Bogotá, en 2012, en el edificio de Gran Estación.

“Me declaro inocente y no acepto cargos”, declaró Sandra Morelli.

Este martes arrancó el juicio oral contra la excontralora. La Fiscalía reprocha que haya cometido un presunto acto de corrupción siendo la cabeza del ente que salvaguarda los recursos públicos.

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“La Fiscalía promete demostrar que las conductas punibles enrostradas a Sandra Morelli tuvieron origen en la época en que ella fungía como contralora y motivadas en su irrestricta decisión de trasladar a como diera lugar las dependencias del nivel central de la Contraloría, sedes propias,  hacia unas nuevas instalaciones (…) abandonar las sedes propias, no hacer nada orientado a remodelar las sedes propias, y adquirir obligaciones onerosas para el simple arrendamiento temporal”, advirtió el fiscal delegado Carlos Iván Mejía.

El proceso demoró, entre otros, por su transición de la Sala Penal a la Sala Especial de Primera Instancia