Representantes piden al Gobierno suspender audiencia de adjudicación del canal del Dique

Para el próximo 4 de agosto, se programó la audiencia de adjudicación del canal del Dique, donde se pretende seleccionar la oferta más favorable para un contrato de concesión.

Ante esta iniciativa del Gobierno Duque, varios representantes enviaron una carta dirigida al mandatario y a la vicepresidenta salientes para pedir que se suspenda dicha audiencia.

Le puede interesar: Banco de la República elevó a 9% las tasas de interés

“Solicitamos que de manera perentoria, (…) sea suspendida la audiencia de adjudicación del proceso del asunto, cuyo valor asciende a la suma de 3.25 Billones de pesos”, afirma los representantes.

En la carta, afirman que hay varios puntos clave que el Gobierno no ha tenido en cuenta para realizar este proceso de adjudicación.

En primer lugar, afirman que hubo denuncias realizadas por comunidades ubicadas en el área que no fueron consultadas, estas a cerca del impacto económico y ecológico.

Afirmaron que se deben agotar todos los procesos de consulta previa con las diversas, y según la carta este sería el motivo por el cual existen diversas acciones de tutela.

Le recomendamos leer: Preso se fugó de la cárcel La Picota en Bogotá: es investigado por la masacre de El Tarra

Sumado a esto, afirman que el gobierno de Duque, modificó cronogramas del proceso licitatorio, ajustó tiempos de diversas acciones, lo que abiertamente, según los representantes, afectó el proceso precontractual en detrimento de la moralidad administrativa y el patrimonio público, limitando además la posibilidad de tener varias firmas oferentes y así obtener una mejor propuesta económica para los intereses del Estado”.

La única empresa proponente: Sacyr S.A

Esta es una empresa española que, según los representantes, es la única proponente en el proceso licitatorio; afirman que la empresa de infraestructura, es “internacionalmente conocida por diversas conductas controversiales e ilegales en la firma y ejecución de contratos estatales, dentro de las que se contemplan: incumplimientos contractuales; estrategias jurídicas temerarias, ante autoridades nacionales e internacionales, de presión al Estado para mejorar su posición contractual; actos de corrupción durante al menos 25 años para obtener la adjudicación de contratos (en España)”.

Por último, agregaron que la licitación no ha contemplado la solicitud de licencia ambiental para ser realizada, por lo tanto, puede que el proyecto, según la carta presente afectaciones sobre el ecosistema de la región.