Luego de hacer una auditoría al Consejo Superior de la Judicatura, la Contraloría General de la República reveló que se encuentran en riesgo $22.422 millones que se invirtieron en sedes judiciales.

En el caso del palacio judicial de Soacha, Cundinamarca, por el que según el informe hay un detrimento que supera los 13.000 millones, ya que el proyecto se terminó sin que le suministraran servicios públicos y no tiene además vías de acceso, por lo que no se ha puesto en funcionamiento.

Situación similar se registra en Zipaquira, donde la sede de la Judicatura registra fallas en la construcción que requiere nuevas inversiones para que pueda funcionar, por esta razón la Contraloría abrió una indagación preliminar con el objeto de cuantificar el posible daño fiscal de las obras adelantadas y las que se requieren.