En una actuación de fiscalización a varios contratos de la Defensoría del Pueblo, la Contraloría encontró que hay riesgo de que se pierdan 545 millones de pesos destinados al proyecto de sistematización DEFENDI, que hace parte de la plataforma Visión Web, para modernizar el proceso de contratación de 3500 defensores públicos.

Existen entregables y componentes de software, cuyo costo de desarrollo ha sido la suma de $545 millones, que no han sido utilizados por la entidad, aun cuando han transcurrido 18 meses desde su entrega“, advierte un documento.

 

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El proyecto costó 650 millones de pesos, pero sólo se ha aprovechado el 16.2%, es decir, 105 millones.

La Contraloría también encontró hallazgos por 192 millones de pesos en la construcción de la sede de la Defensoría en Sucre, ubicada en Sincelejo. Las obras de mantenimiento costaron 691 millones.

 

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A pesar de que la entidad ya cuenta con inmueble propio, este no se ha podido utilizar, porque no se encuentra en condiciones aptas para ello“, agrega el organismo.

 

Este es el comunicado completo:

 

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En relación con los hallazgos encontrados por la Contraloría, sobre la contratación que se realizó en los primeros meses de 2019 para construir una plataforma tecnológica que facilitara el proceso contractual de los Defensores Públicos, denominada Defendí, la Defensoría del Pueblo se permite aclarar que cuando llegó la presente administración se encontró que en los expedientes de ese contrato no habían los productos determinados en el objeto contractual.

Por eso, la actual administración -que inició en septiembre de 2020- consideró que debían emprenderse acciones para la recuperación de los productos que debieron entregar los contratistas (códigos, extensiones, videos y manuales explicativos) y así lo planteó en un plan de mejoramiento remitido a la Contraloría.

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En relación con la adquisición de un inmueble para el funcionamiento de la Sede Regional Sucre, se adelantó un contrato de compra venta suscrito en diciembre de 2019 con Fiduagraria por un valor $481 millones, y un contrato de obra para la adecuación y mejoramiento del inmueble firmado en junio de 2020, con Ecohabitat por un valor de $461 millones.

El 28 de agosto de 2020 el interventor GRG Ingeniería SAS encontró que el 80% de la estructura tenía comején, ante lo cual se realiza una adición por $147 millones a ese contrato el 31 de agosto, un día antes del inicio de la actual administración.

Para culminar la obra, el 14 de noviembre de 2020 el interventor señaló que el daño por el comején comprometía el 90% de la estructura, ante lo cual fue necesario realizar una segunda adición por $82 millones.

En junio de 2021 la Defensoría radicó una demanda de acción de controversias contractuales contra Fiduagraria SA para restablecer el vicio oculto en el contrato de compraventa, donde no se advertían los defectos graves relacionados con el daño estructural del inmueble causado por el comején.

Finalmente, se conminó al contratista para culminar obras de adecuación y poner en funcionamiento la Sede Regional Sucre de la entidad.