La Superintendencia de Industria y Comercio impuso a la empresa Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. (CLARO) una multa de $983.139.360, equivalentes a 1.120 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Esto, por vulnerar el derecho de libre elección de sus usuarios para terminar su contrato, al no dar cumplimiento a las solicitudes de terminación de contratos en el término establecido por la ley.

Además, por remitir información inexacta sobre la presentación de quejas de sus usuarios ante la imposibilidad de terminación del contrato y cambio de modalidad de pospago a prepago.

La Superintendencia inició la investigación a partir de 33 quejas de usuarios, junto con la información reportada por la compañía como respuesta a los requerimientos efectuados por esta Autoridad.

Se comprobó que CLARO no realizó la terminación del servicio en 3.416 casos dentro del ciclo de facturación correspondiente.

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Adicionalmente, omitió tramitar solicitudes de terminación recibidas a través de la línea de atención telefónica, exigiendo a sus clientes un horario de atención diferente al establecido en la ley.

En otros casos, se exigieron requisitos adicionales para el trámite de la solicitud de terminación del contrato, e incluso se generó el cobro de facturas posteriores a la solicitud de terminación del contrato por parte de los clientes.

Contra la anterior decisión proceden los recursos de reposición y apelación.

Claro Colombia respondió que «no ha sido notificado formalmente de la resolución emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio y no tiene más información sobre los argumentos que llevaron a la SIC a imponer la sanción más que la dada por medio del comunicado de prensa de la autoridad.

Aseguran que en cuanto conozcan la resolución que impone la sanción, «analizaremos cuidadosamente los motivos esgrimidos
por la SIC e interpondremos los correspondientes recursos de ley en defensa de los intereses de la compañía».