La Procuraduría General sancionó con suspensión del cargo por el término de cuatro meses al gobernador de Vichada, Álvaro Arley León Flórez, por irregularidades en contrato para la entrega de mercados a población vulnerable, para atender la emergencia causada por la COVID-19.

Al mismo tiempo fue suspendido por término de seis meses el técnico operativo Código 314, Grado 04 de Compras y Suministros de la gobernación, Cicerón González García.

El ente de control indicó que León Flórez omitió el cumplimiento de sus funciones al permitir que se suscribiera el Contrato de Compraventa No. 366 de 2020, sin verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos.

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De la misma manera permitió sobrecostos superiores a los 300 millones de pesos, conducta con la que vulneró los principios de economía, planeación y responsabilidad.

El negocio jurídico del 3 de abril de 2020 tenía por objeto «la adquisición de mercados básicos para la población vulnerable de los municipios de Puerto Carreño, Cumaribo, La Primavera y Santa Rosalía, en las zonas urbanas y rurales en el marco de la pandemia covid-19 en el departamento del Vichada», por valor de $1.714’041.000.

La entidad pudo establecer que a cada mercado se adicionaron costos injustificados e inconvenientes, tales como el AIU (Valores Determinados para Administración, Imprevistos y Utilidad), impuestos municipales, embalaje, bodegaje, cargue y logística.

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Esta situación generó un sobrecosto de $312’103.470, como consecuencia de una deficiente planeación en la etapa precontractual.

Para la Procuraduría, el gobernador no adelantó el control requerido a la actuación administrativa para disminuir y/o evitar los efectos negativos sobre el patrimonio público, dadas las condiciones especiales de emergencia económica, social y ecológica nacional.

Con relación a Cicerón González García, el Ministerio Público lo halló responsable de no dar cumplimiento a las funciones asignadas, porque no estableció el costo razonable que debía pagar la administración para la adquisición de los bienes y servicios.

Como técnico de compras no analizó, ni examinó las cotizaciones para obtener un costo real de cada mercado, que le permitiera validar los precios más favorables para la gobernación y evitar efectos negativos sobre el patrimonio público de la región.

El fallo de primera instancia fue apelado por la defensa de los dos investigados.