La Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia y del Derecho desarrolló un proyecto de depuración normativa que tras surtir su trámite ante el Congreso de la República dio origen a la Ley 2085 de 2021.

La iniciativa elimina cerca de 7.000 artículos consagrados en 608 normas con fuerza de ley consideradas anacrónicas, obsoletas o en desuso, y da certeza de funcionamiento a otras.

El ministro de Justicia, Wilson Ruiz aseguró que con ley el Gobierno fortalece el sistema normativo y consolida un ordenamiento legal claro, preciso y aplicable.

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Al mismo tiempo brindará un mayor grado de seguridad jurídica a los ciudadanos, conforme a los requerimientos de un Estado Social y Democrático de Derecho.

También establece la articulación y actualización del Sistema Único de Información Normativa (SUIN-Juriscol), herramienta del Ministerio de Justicia y cuya tarea será la de publicar anualmente dos listados:

  • De las normas derogadas expresamente, declaradas inconstitucionales o ilegales.
  • De las constitucionales y legales que hayan sido reglamentadas a pesar de existir un deber expreso de reglamentación.

La ley determina, además, que los jefes o directores jurídicos de las entidades estatales sean quienes establezcan qué normas administrativas tienen pérdida de fuerza ejecutoria, con el fin de dejarlas sin efectos mediante otras del mismo rango jerárquico.

‘’Se establecen beneficios para la ciudadanía como el conocimiento de las reglas de interacción entre la sociedad y el Estado, y de sus derechos y obligaciones en busca de propósitos comunes’’, indicó el jefe de la cartera de Justicia.

La ley también actualiza la realidad jurídica, económica, cultural e histórica del país para exigir su cumplimiento y permite al servidor público conocer sus competencias y cuáles son las sanciones por violar normas por omisión o extralimitación de funciones.

Según el ministro Ruiz, con este proceder se consagra la cultura de la legalidad, pues se crea y profundiza en la comunidad la conciencia del cumplimiento de las normas jurídicas como parámetro de conducta en el marco del respeto a la dignidad humana, la libertad y la igualdad.