Este martes la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- y las Naciones Unidas presentaron un protocolo de seguimiento y de verificación a las sanciones propias que impondrá la JEP a los comparecientes que reconozcan su responsabilidad en el conflicto y aporten a la verdad.

La JEP explicó que serán sanciones de carácter restaurativo que no contemplarán prisión, sino “trabajos, obras y actividades” comunitarias en periodos que van entre los cinco y los ocho años. En algunos casos, la JEP determinará si habrá restricción de derechos y libertades.

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Consultamos al presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, sobre si la imposición de sanciones eventualmente provocará que un exmiembro de las Farc pierda una curul en el Congreso o si cualquier otro compareciente pueda asumir un empleo público mientras cumple la sanción.

“Las determinaciones solamente podrá adoptar en su oportunidad la Sección de Reconocimiento en las sentencias, de modo que no podemos anticipar ningún criterio sobre ello”, advirtió Cifuentes.

“Cada caso debe mirarse de manera particular y concreto, el Tribunal impone responsabilidades individuales. La sanción debe revisar la compatibilidad o incompatibilidad del ejercicio de la actividad política con la sanción”, agregó Camilo Suárez Aldana, presidente de la Sección de Primera Instancia o Sala de Reconocimiento.

El presidente Petro visitó a la JEP, expresó su respaldo, tuvimos la oportunidad de reiterarle al presidente que la paz total obedece a un mandato de la Constitución y que podía contar con las competencias de la Jurisdicción Especial para la Paz.

¿Cómo serán las sanciones propias?

El magistrado Cifuentes explicó que se trata de trabajos, obras o actividades que el Estado colombiano deberá asignar a cada sancionado en asuntos relacionados con el acuerdo de paz.

Trabajos en “la solución del problema de drogas ilícitas, infraestructura en los territorios donde la violencia fue más cruda, reparación de vías, reconstrucción de hospitales, desminado humanitario, catastro multipropósito”, explicó.

“Ese sistema restaurativo es inédito en Colombia, supone deberes del Estado con el objeto de proveer proyectos de gran envergadura en los cuales puedan insertarse trabajos de contenido reparador a cargo de quienes van a ser condenados como los máximos responsables”, agregó Cifuentes.

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La ONU podrá opinar sobre si se dan las condiciones por parte del Estado colombiano para poder poner en marcha los trabajos que les asignarán a los sancionados.

“Si no hay proyectos y actividades de este orden a lo largo y ancho del país, pues va a ser muy difícil la imposición de sanciones y su seguimiento”, agregó el presidente de la JEP.

“Las sanciones deben contar con la opinión de las víctimas”

Según el presidente de la Sección de Primera Instancia, Camilo Suárez, las sentencias con sanciones propias deben fijar lugar de ubicación y horarios en los que se realizarán los ‘trabajos, obras y actividades’.

“La sanción va acompañada con la opinión de las víctimas. No es un proceso unilateral. Previamente, ha existido un diálogo donde se escucha la opinión de las víctimas y la comunidad. Se debe dialogar para restaurar el daño causado. La presencia de los comparecientes debe restaurar y no revictimizar”, puntualizó.