Comenzaron a correr los seis meses que tendrá el Gobierno para expedir una regulación que le garantice a la mujer la interrupción voluntaria del embarazo en los casos que despenalizó la Corte Constitucional.

La orden fue dada por ese tribunal al fallar una tutela a favor de una joven, la cual puso en evidencia las barreras que debe afrontar una mujer cuando debe interrumpir un embarazo que pone en peligro su vida, o cuando hay malformación del feto.

En la sentencia, la Corte Constitucional da ciertos parámetros que deben ser acogidos por el Ministerio de Salud al momento de elaborar la regulación, tales como:

Debe haber una valoración médica oportuna del estado de salud de la mujer y el feto.

El plazo para dar respuesta a la petición de interrupción voluntaria del embarazo y llevarla a cabo es de cinco días.

No se impone un límite de tiempo para interrumpir el embarazo. La evaluación debe hacerla el médico.

La objeción de conciencia solo podrá ser invocada por quien deba realizar directamente la interrupción del embarazo.

El alto tribunal aclara que el sistema de salud no puede negar o dilatar la realización de exámenes para verificar si el embarazo amenaza la vida de la mujer y menos demorar la expedición del certificado para la práctica del procedimiento.

La Corte Constitucional hizo nuevamente un llamado al Congreso de la República para que regule el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.

Nancy Torres Leal

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