El senador opositor Iván Cepeda Castro, contraparte del proceso por el que este martes la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe, valoró esa decisión como una oportunidad «para consolidar la democracia».

«Considero que esta es una decisión que nos ayuda a consolidar la democracia en Colombia. La lección que hoy nos da esta decisión es que no hay personas en Colombia que estén por encima de la justicia y de la ley por muy poderosas e influyentes que sean», indicó Cepeda Castro en una rueda de prensa virtual.

Uribe Vélez informó este martes que la Corte Suprema de Justicia, tribunal ante el cual declaró en octubre del año pasado, ordenó su detención en un proceso que se le sigue por presunto fraude procesal y soborno de testigos.

El caso comenzó en febrero de 2012 cuando el expresidente demandó por supuesta manipulación de testigos a Cepeda, congresista del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.

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Esa demanda acabó volviéndose en contra de Uribe cuando el magistrado José Luis Barceló, que fue quien recibió el caso en la Corte Suprema, no sólo lo archivó sino que decidió abrir una investigación al expresidente por supuesta manipulación de testigos.

Ante la decisión que tomó hoy la Corte, Cepeda aseguró que esta no fue «superficial» porque el proceso contra el expresidente ha sido objeto de una «larga revisión» en la que el tribunal tuvo «abundante material probatorio que sustenta» su determinación.

Cepeda Castro rechazó además las acusaciones que le hacen defensores de Uribe, en el sentido de que fue él quien visitó cárceles del país en busca de delincuentes que sirvieran para declarar contra el expresidente.

Finalmente el senador, hizo un llamado al país a asumir la decisión del tribunal «con serenidad» pues es solo el comienzo de un proceso eventual «de llamamiento a juicio» en el que la defensa del expresidente Uribe tiene todas las herramientas para garantizar su derecho a la justicia».