El procurador General de la Nación, Fernando Carillo, cuestionó el fracaso del sistema de protección de líderes sociales y exhortó al Estado a tomar acciones que trasciendan las buenas intenciones para detener la masacre de los defensores de derechos humanos.

A la fecha han sido asesinados 59 personas según cifras de organizaciones de derechos humanos; según la Presidencia de la República 11 líderes sociales fueron asesinados en ocho departamento; la organización Somos Defensores señala 27 víctimas en los primeros tres meses del año y la Defensoría del Pueblo 22 en los primeros 59 días del 2018.

Carrillo rechazó el asesinato de Silvio Dubán Ortíz Ortíz, de 27 años, y Javier Bernardo Cuero Ortíz, de 32 años, hijos del también asesinado líder social Bernardo Cuero, en hechos ocurridos el pasado lunes 19 de marzo en el barrio Independencia de Tumaco. 

Asimismo, el funcionario anunció que la Procuraduría Delegada del Ministerio Público para Asuntos Penales constituyó una agencia especial para investigar los asesinatos de los hijos de Bernardo Cuero y su intervención en 40 procesos penales en los que los defensores de derechos humanos sean víctimas o hayan sido judicializados sin justa causa.

En su declaración llamó a hacer efectivos los reclamos de las organizaciones por mecanismos de protección colectiva.

“Es inaudito e inadmisible que en una población como Tumaco, que fue militarizada para supuestamente garantizar la seguridad de la comunidad, la muerte de los líderes no se detenga. Exhorto a las autoridades locales y regionales a asumir sus compromisos en la defensa de la vida de los líderes sociales”, agregó.