Decretada la calamidad pública en el departamento de Arauca, tras la masiva llegada de migrantes venezolanos y connacionales a la región por cuenta de los enfrentamientos armados que se viven en la frontera, el Ministerio Público realizó un llamado para que junto con la garantías de atención humanitaria a las personas desplazadas, en especial las relacionadas con albergue, alimentación y salud; se revisen medidas de fondo especialmente aquellas relacionadas con el tema de seguridad.

Lo anterior teniendo en cuenta que dichos desplazamientos se han realizado con ocasión de los enfrentamientos que han ocurrido en el vecino país y que han presionado el desplazamiento de cerca de 4.700 personas.

Le puede interesar: Operaciones de Venezuela en la frontera violan en el DIH: Defensoría

En este sentido la Procuraduría solicitará al Gobierno nacional que se acuda ante instancias internacionales con el fin de solicitar su participación, veeduría y acompañamiento en el sentido de garantizar que desde el vecino país se observen las normas del Derecho Internacional Humanitario que ponen de presente que por encima de cualquier enfrentamiento deben estar los derechos fundamentales de la población civil.

Al respecto la Procuraduría considera que si bien son necesarias todas las medidas que se vienen tomando en relación con la situación en Arauca y entre las que se destacan la entrega de ayudas humanitarias a las familias necesitadas, las que incluyen mercados, kits de aseo, colchones, carpas, menajes de cocina y demás necesarios, para cumplir con la meta de atención, la realización de pruebas para identificar riesgos de contagio por COVID-19 y un censo que establezca cuántas de las personas desplazadas son connacionales y cuántas extranjeras.

Publicidad

Conozca más: Descubren una nueva variante del COVID-19 en un hospital francés

Así pues, es necesario poner fin a los hechos que están obligando a la población civil a desplazarse para salvaguardar su vida, lo que implica un análisis profundo en materia de seguridad.

“La situación que sufren los habitantes de Arauca tiene sus raíces en el grave problema de seguridad que se está viviendo en la frontera, es un problema que debe seguir atendiéndose de manera profunda e inmediata. Pienso que se requiere hacer un pare total de los hechos que están obligando a la población civil a desplazarse para poder salvaguardar sus vidas, siendo necesario hoy, no sólo la participación y el trabajo del Gobierno territorial y nacional sino también el de organismos internacionales.” afirmó la procuradora Margarita Cabello.