Como los menores de edad no son sujeto de investigaciones judiciales, los socios de una captadora ilegal pretendieron salvar de su liquidación las acciones que estaban en cabeza de sus hijos de 2 y 4 años.

Ellos fueron excluidos de la liquidación pero sus acciones no pasaron a manos de sus padres sino del liquidador, que tiene que recaudar lo necesario para devolver sus aportes a las víctimas.