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Supertransporte impone millonaria sanción contra DiDi, Cabify y Beat

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Supertransporte impone millonaria sanción contra DiDi, Cabify y Beat

La Superintendencia de Transporte multó este viernes con $1.722 millones a Beat, Didi y Cabify por incumplir normas del sector y no contar con autorizaciones para operar. La decisión se tomó luego de que la entidad recibiera denuncias de ciudadanos durante el 2019 y 2020.

De acuerdo con información preliminar, el superintendente Wilmer Salazar señaló que las plataformas estarían utilizando vehículos particulares que no se encuentran habilitados para esta actividad.

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“Las empresas mencionadas fueron declaradas responsables por facilitar la violación de varias normas generales del sector transporte y, asimismo, alterar la debida prestación de este servicio público esencial“, sostuvo Salazar.

Además de la sanción, la SuperTransporte ordenó a Cabify, DiDi y Beat realizar ajustes que permitan facilitar o intermediar servicios que obedezcan a figuras contractuales válidas distintas al contrato de transporte público, el cual podría ser un tipo de contrato de arrendamiento con conductor.

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“Las compañías deben verificar que los servicios que están facilitando se cumplan acorde a la normatividad. Tienen una de dos: o facilitan servicios con prestadores que cumplan con la normatividad o se aseguran que los contratos de arrendamiento de vehículo, que es la figura que están utilizando, efectivamente se dé en la operación“, destacó el superintendente.

Esta medida la dictamina si la empresa está legalmente constituida y habilitada y, de igual forma, los conductores estén capacitados para prestar el servicio junto con el vehículo que esté autorizado para ello.

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Finalmente, el superintendente Salazar resaltó que la entidad “no está en contra del uso de plataformas tecnológicas en las que se integre la demanda y la oferta de los servicios de transporte”.

“Lo que no resulta posible es facilitar la violación de las normas del sector, pues el cumplimiento de la regulación es fundamental para resguardar derechos fundamentales como la salud, la vida e integridad, y además, derechos de orden económico, si se tiene en cuenta las serias incidencias que tiene el transporte en la competitividad del país“, concluyó el superintendente Salazar.

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