La vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores, Marta Lucía Ramírez, afirmó este martes ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que el Gobierno del presidente Iván Duque tiene un compromiso indeclinable con el cumplimiento de los acuerdos de paz, y dijo que las cifras dan cuenta de los avances.

Así lo manifestó luego que se presentara al Consejo de Seguridad el último informe trimestral del Secretario General de la ONU, António Guterres, sobre la Misión de Verificación del organismo en Colombia. Dicho informe fue presentado por el jefe de la Misión, Carlos Ruiz Massieu.

“No cesaremos en nuestros esfuerzos para proteger a quienes dejaron las armas y le apostaron a la paz. Los avances alcanzados en materia de reincorporación política, económica y social son incuestionables. Para abril de 2021, se registraron 13.998 personas como desvinculadas de las Farc, de las cuales el 99,1 % cuenta con afiliación a salud, y el 87,2 % a un régimen pensional”, señaló la vicepresidenta.

 

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Destacó que, en este proceso de reincorporación, el 85,7 % de los excombatientes ha recibido apoyos económicos mensuales del Gobierno, y el 90 %, formación para el trabajo, a través del SENA.

Agregó que hoy el 95 % de reincorporados está bancarizado, el 99 % está afiliado al sistema de salud, y más de 13 mil personas han recibido 82.6 millones de dólares en garantías económicas. Adicionalmente, se han destinado USD 4.2 millones para la adquisición de predios para el desarrollo de proyectos productivos y de vivienda.

En su discurso ante los representantes de los países miembros del Consejo, en Nueva York, la alta funcionaria expresó su preocupación por la incidencia aún patente del narcotráfico como fuente de ilegalidad y violencia. E instó a la comunidad internacional a arreciar acciones en contra de este delito.

“Colombia reitera el llamado a la corresponsabilidad en la lucha contra el narcotráfico y al logro de mayor eficacia para perseguir el procesamiento de drogas, el lavado de activos y otras actividades asociadas, como la deforestación y trata de personas, en cualquier lugar del mundo”, indicó.

 

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Sobre la justicia transicional, la vicepresidenta y canciller puntualizó que no puede existir ninguna duda del diálogo constructivo y respetuoso del presidente Duque con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). No obstante, indicó que hay aspectos susceptibles de mejoramiento.

La vicepresidenta subrayó que la situación de violencia en algunas regiones de Colombia no se debe a problemas con la implementación del acuerdo.

“Cuando se firmó el acuerdo en 2016, todos los grupos criminales que hoy nos atacan ya existían y a ellos se sumaron las llamadas disidencias de las Farc. No es cierto que la existencia de otras violencias obedezca a un supuesto incumplimiento del acuerdo. Por el contrario, de manera responsable avanzamos en la implementación, sin escatimar esfuerzos, en la lucha contra grupos armados organizados que se dedican a la explotación de rentas criminales”, dijo.

Se refirió, además, a la apuesta del Gobierno por avanzar hacia una paz con equidad, que incluya a las mujeres, especialmente a las del sector rural.

Así mismo, agradeció la aprobación unánime del Consejo, con el apoyo del Reino Unido, de la Resolución 2574 de mayo de 2021, que por solicitud de Colombia amplió el mandato de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia. 

 

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“Gobierno privilegia el diálogo, pero condena la violencia”

La vicepresidenta y canciller habló también de las recientes protestas en Colombia. En este contexto, enfatizó en que el Gobierno respalda y avala la protesta, siempre y cuando sea pacífica y no se vea manchada por la violencia, la destrucción y el bloqueo de vías, que amenazan la vida e integridad de los colombianos, así como su libre circulación y el abastecimiento de alimentos y medicinas.

Agregó que el Estado tiene la obligación legal y moral de actuar para proteger los derechos del conjunto de la población en el marco de los derechos humanos.

“La Fuerza Pública está obligada a proteger las manifestaciones pacíficas, pero también a proteger la seguridad de los ciudadanos, el orden público y los bienes. Aquí hemos visto un proceso de destrucción sistemática, organizada, planeada y financiada para deteriorar las condiciones sociales, políticas y económicas de nuestro país”, afirmó.

 

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