Organizaciones de defensa de mujeres calificaron como histórico el fallo de la Suprema Corte de México que despenaliza el aborto y pidieron a la Corte Constitucional de Colombia que tome una decisión en ese sentido y acabe con la criminalización y persecución de las mujeres que deciden suspender el embarazo.

Tras la histórica decisión de la Suprema Corte de México que despenaliza el aborto y pone fin a la criminalización de las mujeres que voluntariamente interrumpan su embarazo, la pregunta es: ¿Y en Colombia, qué?.

“Lo de la Suprema en México envía un mensaje a la región y especialmente a Colombia para que elimine el delito del aborto”, dice Catalina Calderón, directora de programas Women´s Equality Center.

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Según cifras del Instituto estadounidense Guttmacher en Colombia ocurren anualmente unos 400 mil abortos inducidos, de los cuales solamente 322 fueron procedimientos legales, o interrupciones voluntarias del embarazo practicadas en instituciones de salud.

Desde el 2006, que se establecieron tres causales para poder acceder a un aborto, se han abierto más de 5 mil procesos penales que criminalizan a las mujeres.

Mariana Ardila, abogada de la dirección legal de Women´s Link asegura que el 97 % de las mujeres denunciadas por el delito de aborto son del área rural y que no tienen acceso a sistemas de salud.

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Según la organización Causa Justa, del 56 % de los casos que terminan en una condena, la denuncia fue presentada por personal de la salud, es decir médicos, enfermeras, trabajadora social, vulnerando de esta forma el secreto profesional.

En la Corte Constitucional cursan dos demandas que piden la despenalización total del aborto.

“La corte tiene un momento histórico para salvaguardar los derechos de las mujeres”, señala Catalina Calderón, directora de programas Women´s Equality Center.

Según Causa Justa llama la atención que se investiga en una baja proporción los abortos no consentidos a pesar que las mujeres identifican plenamente a sus agresores.

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