La Fiscalía General de la Nación detectó a algunos uniformados en retiro que habrían acudido a los servicio ilícitos de una red delictiva que, al parecer, elaboraba historias clínicas, exámenes médicos y otros documentos falsos, que certificaban disminución física y eran usados para tramitar solicitudes salariales y prestacionales.

En ese sentido, fueron presentados ante un juez de control de garantías el mayor (r) Óscar Fabián Silva Huérfano, el teniente (r) Andrés Felipe Pérez Ceballos y el sargento (r) Danilo José Cervera Herrera.

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La Fiscalía les imputó los delitos de estafa agravada, fraude procesal, falsedad material en documento público, y falsedad ideológica en documento privado. Los cargos no fueron aceptados por los procesados.

Los elementos de prueba permitieron conocer la manera en la que los investigados se habrían beneficiado ilegalmente.

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El sargento (r) Danilo José Cervera Herrera, con 32 años cumplidos, recibió la pensión de jubilación vitalicia con una renta mensual de $1’350.000. Al parecer, le pagó $18’000.000 a la organización criminal para que le expidiera exámenes de ortopedia, fonoaudiología y psiquiatría, que acreditaban una disminución de 72 % en la condición física.

Con estos documentos falsos, el suboficial obtuvo el retiro, una indemnización de $99’000.000 y una renta de $85’000.000 a mayo de 2020.

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En el caso del mayor (r) Óscar Fabián Silva Huérfano, en julio de 2015, una junta médica determinó que no era apto para el servicio por tener una disminución de su capacidad laboral de 70,53 %. Así, recibió $186’000.000 por prestaciones sociales y $196’000.000 por concepto de jubilación.

En las verificaciones se constató que estos dineros le fueron reconocidos al oficial con diagnósticos falsos de ortopedia, neuropsicología y electromiografía. Por estos documentos la red delincuencial habría recibido el 80 % de la indemnización.

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Respecto al teniente (r) Andrés Felipe Pérez Ceballos hay indicios de que le fue acreditada una disminución física de 66,05 %. Este concepto fue soportado con exámenes falsos de ortopedia, audiometría, tonal seriada y urología. Pérez logró una mesada vitalicia a los 32 años, con una indemnización de $61’000.000 y una pensión, a mayo del año pasado, por $151’000.000.

Por estos hechos, y cerca de 27 eventos más, la Fiscalía ha judicializado a los señalados cabecillas del grupo ilegal, entre ellos un capitán en retiro, una exfuncionaria del Ministerio de Defensa, tramitadores, financiadores y un médico.

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Con la emisión de soportes médicos falsos, estas personas habrían inducido a error a distintas instancias públicas y generaron al Estado un detrimento superior a 3.100 millones de pesos.