El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una demanda contra la Jurisdicción Especial para la Paz que cuestiona que no se haya abierto un macro caso relacionado con los medios y métodos ilícitos de guerra utilizados por las antiguas Farc.

Nelson Moreno Bernal, representante de la mesa nacional de víctimas, presentó una acción popular con la que pretende que se declare responsable a la Jurisdicción Especial para la Paz por la violación de los derechos e intereses colectivos de 11.608 víctimas de minas antipersona, artefactos explosivos improvisados y municiones sin explotar relacionadas con el conflicto armado.

 

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A pesar de que el uso de minas antipersona y artefactos explosivos improvisados (…) pueden catalogarse como crímenes de guerra a la luz del estatuto de Roma, se echa de menos que un caso de tal envergadura no haya sido seleccionado ni priorizado por la JEP“, dice la demanda.

El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz tendrá 10 días para contestar la demanda y solicitar la práctica de pruebas.