El Tribunal Administrativo de Cundinamarca estudiará una billonaria demanda en contra del Inpec, la Presidencia de la República y el Ministerio de Justicia, por los contagios de COVID-19 que ocurridos en las cárceles del país.

Las pretensiones de la demandan hacienden a los 3.17 billones de pesos, para reparar los daños causados a 1.620 presos, guardianes y demás trabajadores de las cárceles contagiados, así como a 14.580 de sus familiares directos que también adquirieron el virus.

Te puede interesar: Tumban fallo que condenó al Estado a pagar $290 mil millones a mineros del Chocó

Así mismo, se pide indemnizar a los presos, personal administrativo y sus familiares que resulten contagiados en cualquier momento, desde el día en que se confirmó el primer caso en establecimiento carcelario, (10 de abril de 2020) hasta el día en que finalice la pandemia.

De acuerdo con el demandante, un dragoniante del Inpec que se contagió en la cárcel de Leticia (Amazonas), estas entidades son responsables por no haber tomado precauciones a tiempo como la declaratoria de la emergencia carcelaria, la realización de traslados de presos en medio de la pandemia y la falta de pruebas para detectar la infección.