La Corte Suprema de Justicia tumbó el preacuerdo que había firmado la Fiscalía General de la Nación con un exintegrante del Esmad que durante una huelga mató a un joven en mayo de 2005, durante una protesta por el día del trabajo.

El preacuerdo reducía la pena del exfuncionario a 12 años y lo obligaba a reparar la familia del joven. Sin embargo, esta última se opuso al arreglo asegurando que después de 15 años no se estaba haciendo justicia, pues la víctima era menor de edad.

La Sala Civil de la Corte Suprema estudió el caso y recordó que la ley impide la rebaja de penas para delitos cometidos contra menores de 18 años de edad.

«Es claro que la intención del legislador fue impedir que los victimarios sean beneficiados con el desconocimiento de la gravedad de delitos contra niños, niñas y adolescentes en condición de víctimas», aseguró la sentencia.

El alto tribunal también aclaró que, pese a que el crimen fue cometido en el 2005 un año antes de expedirse la ley que prohíbe cualquier beneficio para quien cometa un delito contra un menor, en este caso prima el interés superior de los niños víctimas de agresiones.

Nancy Torres Leal