El Juzgado Octavo de Barranquilla declaró improcedente la tutela interpuesta por la Unión Temporal Centros Poblados contra el Ministerio de la Comunicaciones.

Con dicha acción legal, Centros Poblados pretendía apelar a la cancelación del contrato por más 1 billón de pesos del MinTIC para llevar internet a zonas rurales.

 

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De ese contrato, el MinTIC generó un adelanto por 70 mil millones de pesos a Centros Poblados y tras encontrar una póliza falsa presentada por esa firma, el ministerio decidió caducar lo pactado.

Según la Unión Temporal Centros Poblados, con la suspensión del contrato se le violó su derecho al debido proceso.

 

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Además, con la declaratoria de caducidad del Ministerio de las Comunicaciones, también se inhabilitó por 5 años a Centros Poblados para contratar con el Estado.