Según documentación aportada a la Corte Constitucional, por la ausencia de canales diplomáticos entre Venezuela y Colombia, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar le es imposible contactar a las familias de los niños venezolanos que han quedado solos en el país, y por tanto, no pueden declararlos en situación de adoptabilidad.

La Cancillería alegó que no hay normativa alguna que garantice medidas de protección definitivas para estos menores.

 

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La magistrada de la Corte Constitucional, Gloria Ortiz, puso en consideración de la Corte la selección de este caso advirtiendo que “existen escenarios en los que los derechos prevalentes de los niños venezolanos son vulnerados o amenazados y, al parecer, el ordenamiento jurídico colombiano no ofrece las herramientas necesarias para protegerlos“.

El caso puesto en consideración de la magistrada guarda relación con un menor venezolano que quedó abandonado en Colombia y al que les ha sido imposible repatriarlo, reintegrarlo a su familia o declararlo en adopción.

 

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Si no se define la situación, el menor crecería sin arraigo afectivo ni familiar hasta que cumpla los 18 años.

Para Asovenezuela los menores migrantes venezolanos sin acompañante en Colombia merecen ser reconocidos como refugiados, es responsabilidad del Estado colombiano entonces, a través de sus instituciones, ofrecerles el reconocimiento“, advirtió Gerardo Aponte, presidente de la Asociación de Migrantes Venezuela.