A través de un trabajo multipartidista, se presentó este 12 de julio el seguimiento del acuerdo de paz y los hallazgos que se efectuaron durante este gobierno para el mismo.

Congresistas de partidos como: Alianza Verde, Polo Democrático, Centro Democrático, Cambio Radical, Partido de la U, Partido Conservador y Partido Liberal, participaron de esta investigación que habla de la situación de reincorporación, presupuesto, seguridad y demás puntos que se abordan en el acuerdo.

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“En el marco de la función de control político del Congreso de la República, representantes y senadores de diferentes partidos políticos publican el último informe de seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz, con base en evidencia, después de 34 visitas a los municipios más afectados por el conflicto y la pobreza y entendiendo que el control político sistemático y riguroso podía y debía ir más allá de la citación a debates en el Congreso de la República”, afirma el comunicado.

Por su parte, la congresista Juanita Gobertus, hablando sobre este informe, que se realiza a semanas del cambio de gobierno en el país, asegura que bajo el gobierno Duque se deterioraron las condiciones de seguridad, que crecieron las masacres y que los recursos destinados no fueron los suficientes para seguir con el curso del acuerdo de paz.

“Crecieron a su vez las masacres, asesinatos a líderes sociales, los desplazamientos, los confinamientos, las víctimas de minas anti personas, esa situación se ve reflejada por la falta de implementación del acuerdo. (…) Lo que encontramos es que del total de recursos que debería destinarse al año para la implementación del acuerdo de paz, en los municipios PDET según el marco de implementación, este gobierno al año ejecutó tan solo el 3.2% de esos recursos”, afirmó la congresista. 

Este documento presentó temas puntuales tanto de los hallazgos como del seguimiento en general que se hizo a la implementación de acuerdo.

Los hallazgos del informe

  • Avances legislativos: Están pendientes el 33,6% de las normas necesarias para la implementación.
  • Presupuesto: De los 5,3 billones que el Gobierno tendría que destinar al año para la implementación de los PDET según el Plan Marco de Implementación, solo se ejecutaron al año 170,5 mil millones, es decir, el 3,2% de lo que se necesita para cumplir con lo acordado. La situación es especialmente grave en la subregión Pacífico Medio, en la que se ha invertido tan solo el 2,3% de lo requerido.
  • Reforma Rural Integral: Del total de hectáreas ingresadas al Fondo de Tierras (1.912.868), solo el 25,37% han sido distribuidas y solo el 2,57% se han entregado a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente.
  • Apertura democrática: Está pendiente el 50% de lo requerido, incluyendo la reforma política con base en las recomendaciones de la Misión Electoral Especial (MEE), ley de participación ciudadana y regulación de la protesta pacífica, y la reforma al código electoral. Además, solo el 24% de los municipios en los que se han otorgado licencias para emisoras comunitarias son municipios PDET.
  • Reincorporación: Del total de excombatientes de las FARC que dejaron las armas, el 36,3% aún no cuenta con un proyecto productivo financiado por el gobierno. Desde la firma del Acuerdo de Paz han sido asesinados 315 excombatientes.
  • Solución al problema de drogas de uso ilícito: Aunque entre 2017 y 2020 se redujeron las hectáreas de coca en un 16,7%, entre 2019 y 2020 aumentó el rendimiento promedio de la cocaína en un 18%. Esto se debe, al menos en parte, a que tras 5 años de implementación del PNIS, el 44,6% de las familias aún no tiene proyecto productivo de ciclo corto y el 97,6% no tiene proyecto productivo de ciclo largo.
  • Víctimas y justicia transicional: De las 9.263.826 víctimas registradas, solo el 16,5% han sido indemnizadas. Al ritmo al que vamos nos tomará 61 años llegar a todas.

“Los avances de la JEP, la CEV y la UBPD han sido importantes, pero es determinante poder asegurar que se conozcan todas las verdades, que se impongan y empiecen a ejecutar las sanciones, y que se agilice el proceso de búsqueda de personas desaparecidas”, asegura el comunicado.

Según el análisis de la congresista, la investigación compartida demuestra el aumento de la tasa de homicidios, masacres, asesinatos a líderes sociales, desplazamientos forzados y víctimas de minas-antipersona.