Con condicionamientos, la Sala Plena de la Corte Constitucional aprobó el decreto 589 de 2017, mediante el cual se creó la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en razón del conflicto armado.

En su esencia el alto tribunal dejó intactas las funciones de esta unidad, la cual se encargará de “dirigir, coordinar y contribuir a la implementación de acciones humanitarias encaminadas a la búsqueda y localización de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado que se encuentren con vida y en los casos de fallecimiento, cuando sea posible, la identificación y entrega digna de sus restos (en adelante cuerpos esqueletizados)”.

No obstante, la corporación judicial acogió la ponencia que presentó el magistrado Luis Guillermo Guerrero, en la cual estableció una serie de condicionamientos en cuanto al acceso a territorios étnicos, privados y a la conformación de la planta de esa unidad.

Si bien la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), puede disponer de sus propios protocolos para la búsqueda de los cuerpos de las personas dadas por desaparecidas, ello no significa que ingrese a territorios étnicos sin coordinar “previamente con las autoridades propias de esos territorios, con el fin de darles a conocer las labores que se adelantarán y de asegurarles un espacio para que puedan proponer ideas encaminadas a precaver cualquier riesgo sobre la integridad de sus valores”.

Además no se podrán poner objeciones o trabas a la “información que la unidad solicite para el desarrollo de sus funciones”, resaltando para “no solo en temas de derecho internacional humanitario” sino en otros temas la UBPD podrá requerir información si así lo considera necesario para su labor.

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