Para las víctimas de cuatro departamentos al oriente del país, que llevan ocho años en espera de recuperar sus tierras, la Ley que la ordena, nació muerta por falta de un visto bueno del Ministerio de Defensa.

Álvaro Julián Prada, director de la región oriente de la Unidad de Restitución de Tierras, sostuvo que no han “podido ingresar por temas de seguridad en el sur de Bolívar y algunos municipios de Cesar donde no hemos podido tener el visto bueno de la Fuerza Pública para ingresar al proceso de restitución de tierras”.

Además de molestos, los campesinos no entienden cómo pasa tanto tiempo y nadie hace nada para ayudarlos. 

“Hasta que no haya condiciones de seguridad para que nosotros podamos acceder al proceso restitución de tierras, estamos suspendidos en sur de Bolívar”, agregó Prada.

Para el vocero de la regional oriente, el problema va más allá y la Ley deberá ampliarse.

A junio del año pasado, cientos de reclamaciones se han presentado  en todo el país, donde jueces y magistrados han dictado casi 4000  sentencias, en las que devolvieron 303.000 hectáreas a campesinos y comunidades étnicas. Sin embargo, el 60 % de las hectáreas restituidas corresponden a fallos para resguardos o consejos comunitarios.

Los demás despojados del Magdalena Medio seguirán en lista de espera, soñando con el visto bueno de la Fuerza Pública para que puedan regresar a su tierra prometida.