La Corte Constitucional comenzó a evaluar si el acto legislativo que creó las 16 curules de paz para las víctimas en la Cámara de Representantes, para los periodos 2022-2026 y 2026-2030, se ajusta o no a la Constitución.

Al tribunal han llegado peticiones de víctimas que buscan que la Corte flexibilice las condiciones para que no solo puedan votar por estas curules de paz los habitantes de 16 territorios específicos, sino que puedan participar las víctimas en todo el país.

“Como víctima del conflicto, desplazado y politólogo no estoy en contra que las víctimas del conflicto armado tengamos representación política. Simplemente quiero que se nos permita aspirar a estas 16 curules en los 32 departamentos y 1.123 municipios del territorio nacional”, advirtió Sebastián Martínez, quien presentó una demanda ante la Corte pidiendo que modifique el acto legislativo.

 

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Víctor Manuel Muñoz, presidente de la Fundación de Equidad y Reconstrucción Integral del Tejido Social, aseguró que “hay 10 millones de víctimas de desplazamiento en todo el país, y no están exclusivamente en territorios específicos. Por lo tanto en las condiciones que están dadas las circunscripciones especiales, nos estarían vulnerando el derecho a la igualdad”.

Desde la Diócesis de Apartadó piden que se excluya como requisito para participar de las elecciones para estas curules el aparecer formalmente en el registro único de víctimas.

“Sí creería que las víctimas pudieran votar en todas partes con unos candidatos bien definidos por ellos. Aprovechar la máxima expresión democrática”, advirtió monseñor Hugo Torres, obispo de la Diócesis de Apartadó.

El presidente de la Corte Constitucional, Antonio José Lizarazo, se declaró impedido para esta revisión