La Procuraduría General inició una investigación a más de 5.000 contratos suscritos este año por la Gobernación de San Andrés.

Dichos contratos establecidos con entidades de orden nacional y territorial superan los 191 mil millones de pesos.

Se identificó que desde el 17 de noviembre tras el paso del huracán Iota, el departamento ha firmado 318 contratos con un valor de $7.035 millones.

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De estos, seis que suman $2.315 millones corresponden a obras o servicios no asociados directamente con la recuperación del departamento.

Se trata de alumbrado navideño, capacitaciones para agentes de tránsito y participación de torneos de baloncesto, por lo que se abrirá proceso disciplinario.

Además, el ministerio público busca establecer la existencia de una presunta nómina paralela, con cerca de 1.500 contratistas, entre quienes figurarían personas que no residen en la isla.

La Procuraduría focalizó la vigilancia y seguimiento en 12 negocios jurídicos suscritos con diez contratistas, por más de $16.300 millones.

Diferentes firmas han ejecutado 44 contratos desde 2008 con entidades territoriales por un valor superior a los $56 mil millones de pesos, de los cuales el 80 % fue adjudicado por la Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Según la entidad de control, entre enero y marzo la contratación sobrepaso los $112 mil millones.

De abril a lo que va corrido de diciembre, cuando ya había sido declarada la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, la contratación fue de casi $79 mil millones.